Jueces enrocados

El PSOE anuncia que pedirá que comparezca el Consejo General del Poder Judicial ante el Congreso para que explique por qué decidió, hace unos días, mantener la sanción mínima al juez Rafael Tirado, cuya negligencia en cumplir una sentencia llevó a tener dos años suelto al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. Dicen los socialistas que el Consejo actuó con manifiesto corporativismo y que debe explicar las razones de su política disciplinaria. Y le recuerda que el poder judicial que detentan dimana del Parlamento, por lo que desde allí se les reclamará que rindan cuenta de sus actuaciones.

Aplauso para la decisión de los socialistas, porque los jueces están envalentonados y actúan como un poder omnímodo; de hecho, andan preparando una movida porque les faltan medios y para febrero quieren organizarle al gobierno una rebelión en toda regla. Pero los jueces no son el último poder del Estado, sino uno más de los tres que lo integran. Y su función en la sociedad no deriva de un mandato de origen divino, sino de la interpretación de las normas con las que se aplica la ley y se hace justicia, que no es otra cosa que una convención humana.

Una vez, un juez llegó a amenazarme con la cárcel cuando le dije, en una conversación algo desabrida, que en cierto modo todos somos servidores públicos y que no es de menor importancia la labor responsable del periodista que la del magistrado, cada uno en lo suyo. Me amenazó, ya digo y, viendo yyo que su nivel de soberbia y su obnubilación eran proclives al actuar, acabé marchándome. Sí; hay jueces persuadidos de que son la mano diestra de Dios. Como los hay convencidos de que nunca yerran. Ni ellos ni sus compañeros. Por eso, cuando les toca rendir cuentas de sus actuaciones, se enrocan y no admiten que se les señale el error.

El caso del juez Tirado no es el caso Mari Luz, aunque haya quienes quieran relacionarlos. Por consiguiente, establecer el nexo entre la negligencia del juez al ejecutar la sentencia contra el pederasta Santiago del Valle y el asesinato de la niña, es un exceso que el sentido común no consiente. Pero es claro que esta negligencia es distinta a otras, porque se ha derivado de ella un hecho más grave, un hecho que alarmó a la sociedad, y el causante de esa falta debe ser reprendido más duramente si aplicamos proporcionalidad. ¿Es que no sabía el juez Tirado que la peligrosidad de un pederasta suelto es muy superior a la de otros delicuentes? ¿Cómo es que, sabiendo eso -que lo tiene que saber-, conociendo que algunos tipos de delincuentes -los sexuales, los maltratadores- reinciden y no se corrigen, actuó sin la debida diligencia para hacerle cumplir la condena durante más de dos años? El juez Tirado merece una sanción mucho mayor, lo digan los códigos o lo amparen sus corporativos compañeros de carrera.

"Una vergüenza nacional", dijo el padre de Mari Luz cuando conoció que el CGPJ confirmaba la sanción mínima. Claro que sí: una vergüenza nacional derivada del corporativismo del Consejo, que parece querer ostentar independencia frente al Gobierno y obra como rehén de sus contradicciones. Ahí queda su falta de sensibilidad social y humana, el cinismo de judicializar una decisión y lavarse las manos amparados en la letra de la norma..., cuando todo el mundo sabe que la norma es interpretable y que los jueces las interpretan cientos y miles de veces en sus sentencias.

La sociedad no quería una sanción ejemplarizante para Tirado, sino una sanción ajustada a la dimensión de su negligencia y a las consecuencias que se derivaron de ella. La sociedad española esperaba sentido común, pero el CGPJ no lo aplicó: aplicó la norma a secas. Bueno, pues que lo expliquen ahora ante las Cortes, que es donde reside el poder que tienen delegado. Que den la cara allí y digan por qué han tenido la sensibilidad de una almeja en este doloroso asunto. Los ciudadanos, que somos quienes verdaderamente elegimos con nuestros votos, reclamamos una explicación y el CGPJ nos la tiene que dar. Faltaría más.