Desconozco si los ciudadanos van a acudir a votar el domingo o no, pero los pronósticos apuntan a que la participación será escasa. El nuevo Estatuto de no ha levantado pasiones, ni siquiera interés más allá de la clase política. Independientemente de quién trate de apropiarse el lunes de la abstención (el PA, el PP) y de cómo lo haga, habrá una realidad original que los políticos tratarán de soslayar y hasta de ocultar: que los ciudadanos no tuvieron, desde que Chaves lanzó el debate de la reforma estatutaria, ni un gramo de entusiasmo con esta iniciativa. Si a esa indiferencia se añade el ruido que hubimos de soportar durante el proceso de negociación, la abstención no debe constituir sorpresa para nadie.
¿Qué va a ofrecernos a los andaluces, que sea verdaderamente innovador y distinto, este Estatuto? Muy poco. Todos los derechos y deberes que figuran en su articulado están ya garantizados por el sistema de las Leyes nacionales, comenzando por la Constitución y siguiendo por el Código Civil o el Código Penal. Pocas aportaciones puede hacer un Estatuto que no estén ya en el entramado legal del Estado, y las que hace son de menor entidad.
El Estatut de Cataluña fue aprobado con menos de la mitad de participación y por apenas el 35 por ciento de los catalanes. No se le puede quitar legitimidad, pero fue una victoria pírrica, claramente insuficiente y una respuesta silenciosa a los partidos como para que sus dirigentes se hubieran metido debajo de la mesa. Si en Andalucía ocurriera el domingo algo parecido, ganaría la indiferencia aquí también, y quienes se empeñaron en una aventura nada querida por los ciudadanos deberían pedirles disculpas y actuar en consecuencia, como poco. Los políticos no suelen valorar la factura del silencio, pero debieran hacerlo.
¿Qué va a ofrecernos a los andaluces, que sea verdaderamente innovador y distinto, este Estatuto? Muy poco. Todos los derechos y deberes que figuran en su articulado están ya garantizados por el sistema de las Leyes nacionales, comenzando por la Constitución y siguiendo por el Código Civil o el Código Penal. Pocas aportaciones puede hacer un Estatuto que no estén ya en el entramado legal del Estado, y las que hace son de menor entidad.
El Estatut de Cataluña fue aprobado con menos de la mitad de participación y por apenas el 35 por ciento de los catalanes. No se le puede quitar legitimidad, pero fue una victoria pírrica, claramente insuficiente y una respuesta silenciosa a los partidos como para que sus dirigentes se hubieran metido debajo de la mesa. Si en Andalucía ocurriera el domingo algo parecido, ganaría la indiferencia aquí también, y quienes se empeñaron en una aventura nada querida por los ciudadanos deberían pedirles disculpas y actuar en consecuencia, como poco. Los políticos no suelen valorar la factura del silencio, pero debieran hacerlo.