Jueces enrocados

El PSOE anuncia que pedirá que comparezca el Consejo General del Poder Judicial ante el Congreso para que explique por qué decidió, hace unos días, mantener la sanción mínima al juez Rafael Tirado, cuya negligencia en cumplir una sentencia llevó a tener dos años suelto al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. Dicen los socialistas que el Consejo actuó con manifiesto corporativismo y que debe explicar las razones de su política disciplinaria. Y le recuerda que el poder judicial que detentan dimana del Parlamento, por lo que desde allí se les reclamará que rindan cuenta de sus actuaciones.

Aplauso para la decisión de los socialistas, porque los jueces están envalentonados y actúan como un poder omnímodo; de hecho, andan preparando una movida porque les faltan medios y para febrero quieren organizarle al gobierno una rebelión en toda regla. Pero los jueces no son el último poder del Estado, sino uno más de los tres que lo integran. Y su función en la sociedad no deriva de un mandato de origen divino, sino de la interpretación de las normas con las que se aplica la ley y se hace justicia, que no es otra cosa que una convención humana.

Una vez, un juez llegó a amenazarme con la cárcel cuando le dije, en una conversación algo desabrida, que en cierto modo todos somos servidores públicos y que no es de menor importancia la labor responsable del periodista que la del magistrado, cada uno en lo suyo. Me amenazó, ya digo y, viendo yyo que su nivel de soberbia y su obnubilación eran proclives al actuar, acabé marchándome. Sí; hay jueces persuadidos de que son la mano diestra de Dios. Como los hay convencidos de que nunca yerran. Ni ellos ni sus compañeros. Por eso, cuando les toca rendir cuentas de sus actuaciones, se enrocan y no admiten que se les señale el error.

El caso del juez Tirado no es el caso Mari Luz, aunque haya quienes quieran relacionarlos. Por consiguiente, establecer el nexo entre la negligencia del juez al ejecutar la sentencia contra el pederasta Santiago del Valle y el asesinato de la niña, es un exceso que el sentido común no consiente. Pero es claro que esta negligencia es distinta a otras, porque se ha derivado de ella un hecho más grave, un hecho que alarmó a la sociedad, y el causante de esa falta debe ser reprendido más duramente si aplicamos proporcionalidad. ¿Es que no sabía el juez Tirado que la peligrosidad de un pederasta suelto es muy superior a la de otros delicuentes? ¿Cómo es que, sabiendo eso -que lo tiene que saber-, conociendo que algunos tipos de delincuentes -los sexuales, los maltratadores- reinciden y no se corrigen, actuó sin la debida diligencia para hacerle cumplir la condena durante más de dos años? El juez Tirado merece una sanción mucho mayor, lo digan los códigos o lo amparen sus corporativos compañeros de carrera.

"Una vergüenza nacional", dijo el padre de Mari Luz cuando conoció que el CGPJ confirmaba la sanción mínima. Claro que sí: una vergüenza nacional derivada del corporativismo del Consejo, que parece querer ostentar independencia frente al Gobierno y obra como rehén de sus contradicciones. Ahí queda su falta de sensibilidad social y humana, el cinismo de judicializar una decisión y lavarse las manos amparados en la letra de la norma..., cuando todo el mundo sabe que la norma es interpretable y que los jueces las interpretan cientos y miles de veces en sus sentencias.

La sociedad no quería una sanción ejemplarizante para Tirado, sino una sanción ajustada a la dimensión de su negligencia y a las consecuencias que se derivaron de ella. La sociedad española esperaba sentido común, pero el CGPJ no lo aplicó: aplicó la norma a secas. Bueno, pues que lo expliquen ahora ante las Cortes, que es donde reside el poder que tienen delegado. Que den la cara allí y digan por qué han tenido la sensibilidad de una almeja en este doloroso asunto. Los ciudadanos, que somos quienes verdaderamente elegimos con nuestros votos, reclamamos una explicación y el CGPJ nos la tiene que dar. Faltaría más.

Lolito ha sido robado

Otra vez por Navidad, un hijo de puta del lumpen que hay por los barrios cercanos ha saltado la verja de mi patio y se ha llevado a mi canario Lolito en su jaula. Es un pajarito muy mayor y se va a morir en cuanto pase una noche de frío o le den sobresaltos. Lolito llegó al portal de mi casa una mañana de año nuevo de 2004; cuando abrí la puerta de casa, me lo encontré en la cristalera, indefenso, perdido y necesitado de cariño, porque es un canario doméstico que, seguramente, se habría escapado de su jaula y después no supo volver. Lo recogimos, le pusimos una jaula grande y le hizo compañía a Currito, el mixto jilguero, y al lúgano Pinki. Hasta hoy, en que estaban todos tomando el sol y ese ladrón -¡que se muera esta noche mismo!, le maldigo- se lo ha llevado. Zaida, que tanto lo quería, ha estado llorando sin parar cerca de tres horas, pobrecilla mia.

Leyes que escandalizan a la sociedad

Una juez condena a una madre a 45 días de cárcel y trece meses y medio de alejamiento de su hijo, al que 'maltrató' dándole una bofetada y cogiéndole del cuello. Los hechos ocurrieron hace dos años, cuando el niño tenía diez. María del Saliente, sordomuda, le riñó porque no había hecho sus deberes escolares, a lo que el niño respondió tirándole una zapatilla; la madre logró cogerle en el cuarto de baño, pero al empujar la puerta el niño se golpeó con el lavabo y sangró por la nariz. Al llegar al colegio, el profesor le preguntó y puso una denuncia a la madre por malos tratos. Dos años después, le llega la condena.

Maria del Saliente llora desconsolada, porque reprendió a su hijo -que la sentencia reconoce que tiene un carácter dificil y desobediente-, irritada por su comportamiento, para reprenderlo y empleando el método educativo que conoce y que siempre se ha usado: corregir razonable y moderadamente a los hijos, como establecía el Código Penal antes de la reforma de 2007, en la que se suprimió el cachete o la bofetada. Llora desconsolada porque, si ha de cumplir el alejamiento que dice la condena, no podrá atender al chico, a otra niña menor y a un marido también sordo que no sabe manejarse en las cosas de la casa. María llora desconsolada porque quiere a su hijo, y su hijo la quiere y la necesita; porque se siente confundida y maltratada por la justicia, cuando su propósito nunca fue otro que educar. Ha perdido seis kilos desde que conoció la sentencia y ha entrado en una profunda depresión; en su casa no se duerme, y se aferra a su niño, al que quiso reprender una mala acción, pero no maltratar porque nunca lo hizo. Es una persona con una minusvalía que necesita expresarse de manera más ostensible que las personas normales... Nunca han tenido que intervenir los servicios sociales de Pozo Alcón, porque se trata de una familia normal y bien avenida.
Su pueblo celebró hace unos días una concentración de apoyo a María y contra la desproporcionada sentencia. Sentencia que no es más que la aplicación en su grado menor de lo que establece la ley para casos de malos tratos (el fiscal todavía quiere que se revise y se le aumente, porque el hecho se produjo dentro del domicilio familiar).
Se ha perdido el sentido común, legislando contra la mesura y las buenas costumbres que caracterizaban a nuestras leyes y a la sociedad. Se ha legislado desde el despecho de feministas radicales y progresistas de nuevo cuño, subvertiendo impunemente los principios de la ponderación que han presidido la institución familiar desde hace tantos siglos. Buscaban castigar al varón ..., pero se olvidaron de que, al establecer un baremo tan drástico de los malos tratos en el área familiar, las consecuencias se extenderían a otros miembros de la casa, como los niños o los ancianos. Y les ha salido un reglamentismo que asfixia el ámbito de la familia, que la interviene dejándola a las puertas de los juzgados por el detalle más nimio. Menosprecian el valor de la mediación y se llevan por delante siglos de cultura, de costumbres y de sentido común. Con el adanismo que les caracteriza, parecen convencidos de que la especie humana ha superado definitivamente sus instintos animales y entra en la fase de las actitudes robóticas. Y han conseguido contagiar el miedo a todos: el maestro denuncia porque, si no lo hace, puede caerle un castigo por omisión; el juez condena con esa ley exagerada porque, si la soslaya, puede encontrarse con una denuncia que le trunque su carrera; el fiscal pide un grado superior de la condena, no sea que su superior le señale por falta de celo... Y así, todos los comportamientos se explican por la judicialización de la familia, por miedos, por si acaso...
Claro, Maria del Saliente y otras madres que están en esta insólita situación en España, son gente corriente a las que ha pillado sin avisar la marea de este brusco cambio. Con sentencias como esta, el mayor daño se inflige a los niños, que se ven separados de sus madres sin entender por qué. David, el niño de María, sabe por qué su madre le dió una bofetada y le cogió por el cuello. Lo que no sabe es por qué la van a apartar de él cuando tanta falta le hacen sus cuidados y su cariño... Por eso, lo que escandaliza no es la sentencia que la juez dictó, aplicando la ley en su menor grado. Lo que escandaliza y provoca alarma social es la ley misma que establece estos disparates, la ley que considera que dar un par de tortazos a un niño es mal trato...
¡Hay que ver la cantidad de traumatizados que andamos por el mundo porque nuestros padres, cuando éramos niños, nos dieron unos nalgazos y luego nos agasajaron y nos dieron su cariño..., sin que ningún juez interviniera en el fuero interno de la familia! No hay que asombrarse ante la sentencia, sino ante la ley, esa ley deshumanizada, rencorosa, reflejo de la sed de venganza de quienes la promovieron y la aprobaron. Es la ley misma la que produce alarma social, señores.

¿Quién la reformará?

Seis de diciembre de 2008. Se cumplen treinta años de la aprobación de la Constitución española en referéndum. Ha sido nuestro guía política maestra para todo lo que ha cambiado España en este tiempo. ¡Gloria a la Constitución! Pero en este período hemos podido comprobar sus fortalezas y sus debilidades. Hay aspectos en ella que necesitan ser reformados. Por ejemplo: el Senado no se ha convertido en la cámara de representación territorial que se precisaba; el régimen de las autonomías no se ha cerrado y los nacionalistas periféricos provocan cada vez debates más inquietantes para la unidad de España; esos partidos nacionalistas están sobrerrepresentados en las Cortes y se convierten en llave de gobernabilidad -¡a qué precios!-, ora para el PSOE ora para el PP; la sucesión a la Corona debe actualizarse, porque no contempla a las mujeres; nuestra presencia en la Europa política aún no está contemplada; hay nuevos derechos sociales que no figuran en su texto... Enfin, que es obvia la necesidad de reformarla...

Todos coinciden en que los cambios se han de hacer por consenso, pero es evidente que no será posible alcanzarlo en este gallinero político... Entonces, ¿por qué no plantear las reformas entre los dos grandes partidos, que representan a más del 80 de los españoles ,y que se vayan sumando los minoritarios que lo deseen, si es que quieren? Tenemos delante nuestra la muralla de saber que no se conseguirá el consenso; luego habrá que buscar salidas. Hay cuestiones, como las referidas, que necesitan actualizarse. Las mayorías no podemos depender de las objecciones de los minoritarios para empresas de tal envergadura. La Constitución ha sido el mejor de nuestros intrumentos políticos durante treinta años, pero necesita reformas para los treinta siguientes. Háganse sin complejos ni melindres. Un veinte por ciento disperso en sus intereses no debe frenar la modernización de nuestra Carta Magna.