El etarra De Juana Chaos ha echado un pulso al Estado con su huelga de hambre, pero más que un pulso es un pataleo que nunca ganará; ni él ni los suyos deben confundir el cumplimiento de la ley con la debilidad. Tampoco ha sido una medida de gracia ni un gesto de bondad. Ha sido, sencillamente, la aplicación de la ley y de la inteligencia.
Como primera providencia, un Estado no puede permitir que álguien bajo su tutela se quite la vida ni ignorar sus derechos como individuo. La actuación de los gobernantes estará guiada por los principios de la legalidad. Por consiguiente, se han de cumplir las leyes penitenciarias y penales, la Constitución y los convenios sobre los Derechos Humanos. El gobierno, tras analizarlo con lupa, y a la vista del estado de salud del preso, ha cumplido con su deber enviándole a prisión atenuada; las penas que le impuso la justicia por 25 asesinatos ya las tiene cumplidas. Esto es lo que forma el 'cuerpo de razón' de un asunto muy delicado de resolver. Como añadido político, dejarle morir en prisión ahora habría sido torpe, porque abonaría el terreno con un nuevo héroe para los suyos.
Cuando el Partido Popular interpreta la decisión del gobierno, elude lo sustancial, que es la aplicación de la ley y la valoración política del riesgo. Debe considerar que los once presos de ETA que excarceló por enfermedad cuando gobernaban ellos no constituyen precedente. Las cuentas de ayer, la Ley y los principios no dan rédito político con una cuestión tan espinosa y el PP ha optado por la interpretación más frentista, que es arrojar las víctimas del etarra a la cara del gobierno. Primar las pasiones en asuntos como éste no puede traer más que enfrentamientos. Pero el tiempo pone a todo el mundo en lu lugar, y en política las razones tienen más recorrido que las emociones.
Como primera providencia, un Estado no puede permitir que álguien bajo su tutela se quite la vida ni ignorar sus derechos como individuo. La actuación de los gobernantes estará guiada por los principios de la legalidad. Por consiguiente, se han de cumplir las leyes penitenciarias y penales, la Constitución y los convenios sobre los Derechos Humanos. El gobierno, tras analizarlo con lupa, y a la vista del estado de salud del preso, ha cumplido con su deber enviándole a prisión atenuada; las penas que le impuso la justicia por 25 asesinatos ya las tiene cumplidas. Esto es lo que forma el 'cuerpo de razón' de un asunto muy delicado de resolver. Como añadido político, dejarle morir en prisión ahora habría sido torpe, porque abonaría el terreno con un nuevo héroe para los suyos.
Cuando el Partido Popular interpreta la decisión del gobierno, elude lo sustancial, que es la aplicación de la ley y la valoración política del riesgo. Debe considerar que los once presos de ETA que excarceló por enfermedad cuando gobernaban ellos no constituyen precedente. Las cuentas de ayer, la Ley y los principios no dan rédito político con una cuestión tan espinosa y el PP ha optado por la interpretación más frentista, que es arrojar las víctimas del etarra a la cara del gobierno. Primar las pasiones en asuntos como éste no puede traer más que enfrentamientos. Pero el tiempo pone a todo el mundo en lu lugar, y en política las razones tienen más recorrido que las emociones.
