Parece que los independentistas están ganando la batalla del
lenguaje con sus mentiras y sus deformaciones sobre lo que está ocurriendo en
Cataluña como respuesta del Estado (que no del gobierno, no hay que confundir)
al desafío que vienen perpetrando. Hay que empezar a clarificar las cosas y a
repetirlas hasta el cansancio para que la tibieza y el silencio no se conviertan
en campo abonado para los delincuentes.
Vamos a ver...
La respuesta al referéndum
ilegal es proporcionada (y puede que hasta ahora se esté quedando, incluso, un
poco corta para neutralizar la ofensiva callejera) y es la que merecen la
desobediencia institucional del govern y el parlament catalanes.
Invocan la democracia, cuando son ellos los que se han
saltado todas las reglas democráticas, desobedeciendo las decisiones de la
justicia del Estado.
Dicen que les privan de sus competencias para gobernar,
cuando lo que se ha actuado hasta ahora ha sido para garantizar, precisamente,
la ley y la gobernabilidad en Cataluña.
Todo lo demás actuado lo está siendo para cumplir con la legalidad.
El derecho a decidir, tan invocado por los independentistas, es
una falacia y una mentira que parece haber contagiado hasta a los no
soberanistas. A ver... El derecho a decidir
se practica dentro de la legalidad vigente, pero nunca es admisible -ni en nuestra
Constitución ni en el Derecho Internacional- como vía para salirse del Estado
español. Dentro del marco de libertades establecido, desde nuestra Carta Magna
hasta la Carta de Naciones Unidas pasando por las normas de la Unión Europea,
el derecho a decidir es personal, pero no puede perjudicar el derecho de los
demás (todos los españoles, a los que ampara la Constitución de 1978), que
sería su consecuencia en este caso. Ningún ciudadano puede actuar impunemente contra
la Ley, y la ley ahora mismo es la Constitución. Si se admitiera esa discrecionalidad,
se podrían articular mayorías sociales para los más variopintos referéndums;
por ejemplo, para limitar la entrada de más inmigrantes (como el muro de EEUU
en la frontera de Méjico), o para restablecer la pena de muerte, o para
suprimir la solidaridad interterritorial entre comunidades españolas, por
ejemplo.
La democracia representativa
tiene unas reglas de juego claras, las elecciones, que se canalizan a través de
las instituciones universalmente aceptadas: las mayorías ganan respetando los
derechos de las minorías, y las minorías aceptan los resultados de las urnas
para la representación política o para cuestiones puntuales que sean aceptables
según la Declaración universal de los Derechos Humanos. No bastaría con que una
mayoría de la población apoyara esas prácticas. Por ejemplo: yo quisiera que
Portugal y España se unieran en una federación Ibérica, pero si no encuentro
apoyos políticos para ello, me tendré que resignar a no conseguirlo; yo quisiera ser rico, pero
no es legalmente aceptable que lo consiga atracando bancos o robando; yo
quisiera vivir en una comunidad con más riquezas económicas que la mía, pero
eso no permite desengancharse del compromiso de contribuir por solidaridad
interterritorial con las que son más débiles... Es decir, no basta con que una
mayoría clara de la población quisiera la independencia en Cataluña (hecho que
por cierto no se da), sino que ese objetivo deberían plantearlo desde la Ley.
Política, negociación..., pero nunca imposición ni salida unilateral y a la brava.
¿Y la autodeterminación? La autodeterminación sólo es
reconocida por la legislación y los organismos internacionales (Carta de
Naciones Unidas) para los casos de ocupación militar de un territorio, dominación
colonial o por agresión grave y flagrante contra una minoría nacional. Pero
tampoco ninguno de estos supuestos se da en Cataluña. El derecho a segregarse
de un país no lo contempla ninguna Constitución en el mundo. Ni prevé la ONU el
derecho de secesión unilateral de parte de un país con régimen democrático; el
principio de integridad territorial es irrenunciable, salvo los casos antes
referidos.
¿Saben por qué los independentistas tiran por la calle de
enmedio? Porque saben que ninguna legislación, ni ninguna institución
internacional les apoya. Y se tiran al monte, despreciando el respeto a las
normas, a las Leyes y a los derechos de todos los españoles, porque a todos los espaloles nos concierne Cataluña.
Y apelan a la mentira (a la
posverdad, se dice ahora), a la emotividad de los catalanes..., pero no les
informan. No les dicen, por ejemplo, que una Cataluña independiente sin el
consentimiento de España no podría ser miembro de la Unión Europea, porque para
serlo tendría que recibir el voto unánime -unánime- de los Estados que la
integran cuando pidiera la adhesión. No les dicen que la independencia
conllevaría automáticamente la suspensión, el corte del grifo de todas las
políticas y ayudas comunitarias, del uso del euro, de los intercambios comerciales. No les dicen que su
república sólo sería tal si la reconocen los demás Estados, y eso no se
produciría, al menos, durante decenios. No les dicen que su PIB caería de
manera importante, que pasarían un tiempo acaso sin dinero suficiente para
pagar la educación, la sanidad, las pensiones (salvo que el 'honorable' Pujol y
su familia, más el resto de corruptos de sus governs les devolvieran todo lo que
han robado durante décadas); que volverían las fronteras...
¿Que España roba a Cataluña? Qué cara más dura... Un ejemplo
cercano: Cataluña ha recibido la tercera parte de las ayudas financieras que el
gobierno central ha dado a las comunidades autónomas, es decir, el doble que
Andalucía: 67.000 millones de euros en el último quinquenio, para que pudiera
atender el pago de sus servicios públicos (educación, sanidad, funcionarios,
etc.). Pero con esa mentira, repetida como un mantra continuo, han ido
asentando entre la población un sentimiento victimista y de agravio que muchos catalanes se han creído y
que ha ido generando desafección a raudales hacia España. Cataluña fue la
comunidad autónoma que más inversiones estatales recibió en los últimos
veinticinco años, habiendo otros territorios más necesitados que aquel. Si
quieren un ejemplo de cómo se administran, ahí va este: el rebelde
Puigdemont tiene un sueldo de 145.000 euros anuales, casi el doble que el presidente
del gobierno. ¿Quién roba a quién?
¿Tanto nos concierne
al resto de los españoles una hipotética secesión de Cataluña? Claro que
sí. De entrada, económicamente perderíamos cerca de 20 por ciento de nuestro
PIB, que se genera allí. Cataluña vende a España 46.000 millones de euros cada
año. Pero ellos perderían parte del mercado interior que suponen las comunidades
autónomas españolas. España tendría que pagar la parte de deuda que correspondería
pagar a Cataluña, muy probablemente; se
perdería dinamismo empresarial, se perdería empleo, capital humano cualificado,
porque a los catalanes se les han dado recursos sin cuento para preparar a
investigadores, técnicos, empresarios,
profesionales... durante el último siglo para tenerlos callados, dicho a la
manera llana... Se deslocalizarían muchas empresas por la
inestabilidad que produciría la situación política; tendrían que afrontar el
aislamiento económico, la salida del euro , la desvinculación del BCE, sin
fondos estructurales de la UE, el lógico impacto en la prima de riesgo en una
comunidad cuya deuda sigue calificada como bono basura por las agencias de
rating... En definitiva, un pésimo negocio para ambas partes.
La Cataluña de la CUP es una bomba, pero ahí está,
dominando al govern, encabezando la
rebeldía, despreciando a la mitad del
parlament... y con el silencio (¿cómplice?) de la burguesía catalana.
El desafío al Estado con un referéndum ilegal es la
pantalla, porque el meollo de la cuestión está en las leyes de desconexión
aprobadas por medio parlament y el objetivo de declarar la república sí o sí,
salga lo que salga, se celebre o no se celebre el simulacro del día 1 de
octubre.
Pero todavía hay catalanes que parecen no querer entender la
situación a la que aboca este órdago secesionista, una situación que se puede
llevar por delante no sólo su aventurerismo, sino la fortaleza misma de todo el
Estado, incluída la propia Cataluña.
Puigdemont y su pandilla deberían haber seguido más el
ejemplo de Tarradellas, pero parecen seducidos por la épica de Companys, que
acabó, como todos sabemos, entre rejas y con una república que duró menos
de mediodía.