sábado, septiembre 23, 2017

Ay, Cataluña, Cataluña...

Parece que los independentistas están ganando la batalla del lenguaje con sus mentiras y sus deformaciones sobre lo que está ocurriendo en Cataluña como respuesta del Estado (que no del gobierno, no hay que confundir) al desafío que vienen perpetrando. Hay que empezar a clarificar las cosas y a repetirlas hasta el cansancio para que la tibieza y el silencio no se conviertan en campo abonado para los delincuentes.

Vamos a ver...

La  respuesta al referéndum ilegal es proporcionada (y puede que hasta ahora se esté quedando, incluso, un poco corta para neutralizar la ofensiva callejera) y es la que merecen la desobediencia institucional del govern y el parlament catalanes.

Invocan la democracia, cuando son ellos los que se han saltado todas las reglas democráticas, desobedeciendo las decisiones de la justicia del Estado.

Dicen que les privan de sus competencias para gobernar, cuando lo que se ha actuado hasta ahora ha sido para garantizar, precisamente, la ley y  la gobernabilidad en Cataluña. Todo lo demás actuado lo está siendo para cumplir con la legalidad.
   
El derecho a decidir, tan invocado por los independentistas,  es una falacia y una mentira que parece haber contagiado hasta a los no soberanistas.  A ver... El derecho a decidir se practica dentro de la legalidad vigente, pero nunca es admisible -ni en nuestra Constitución ni en el Derecho Internacional- como vía para salirse del Estado español. Dentro del marco de libertades establecido, desde nuestra Carta Magna hasta la Carta de Naciones Unidas pasando por las normas de la Unión Europea, el derecho a decidir es personal, pero no puede perjudicar el derecho de los demás (todos los españoles, a los que ampara la Constitución de 1978), que sería su consecuencia en este caso. Ningún ciudadano puede actuar impunemente contra la Ley, y la ley ahora mismo es la Constitución. Si se admitiera esa discrecionalidad, se podrían articular mayorías sociales para los más variopintos referéndums; por ejemplo, para limitar la entrada de más inmigrantes (como el muro de EEUU en la frontera de Méjico), o para restablecer la pena de muerte, o para suprimir la solidaridad interterritorial entre comunidades españolas, por ejemplo.

 La democracia representativa tiene unas reglas de juego claras, las elecciones, que se canalizan a través de las instituciones universalmente aceptadas: las mayorías ganan respetando los derechos de las minorías, y las minorías aceptan los resultados de las urnas para la representación política o para cuestiones puntuales que sean aceptables según la Declaración universal de los Derechos Humanos. No bastaría con que una mayoría de la población apoyara esas prácticas. Por ejemplo: yo quisiera que Portugal y España se unieran en una federación Ibérica, pero si no encuentro apoyos políticos para ello, me tendré que resignar a no conseguirlo; yo quisiera ser rico, pero no es legalmente aceptable que lo consiga atracando bancos o robando; yo quisiera vivir en una comunidad con más riquezas económicas que la mía, pero eso no permite desengancharse del compromiso de contribuir por solidaridad interterritorial con las que son más débiles... Es decir, no basta con que una mayoría clara de la población quisiera la independencia en Cataluña (hecho que por cierto no se da), sino que ese objetivo deberían plantearlo desde la Ley. Política, negociación..., pero nunca imposición ni salida unilateral y a la brava.

¿Y la autodeterminación? La autodeterminación sólo es reconocida por la legislación y los organismos internacionales (Carta de Naciones Unidas) para los casos de ocupación militar de un territorio, dominación colonial o por agresión grave y flagrante contra una minoría nacional. Pero tampoco ninguno de estos supuestos se da en Cataluña. El derecho a segregarse de un país no lo contempla ninguna Constitución en el mundo. Ni prevé la ONU el derecho de secesión unilateral de parte de un país con régimen democrático; el principio de integridad territorial es irrenunciable, salvo los casos antes referidos.

¿Saben por qué los independentistas tiran por la calle de enmedio? Porque saben que ninguna legislación, ni ninguna institución internacional les apoya. Y se tiran al monte, despreciando el respeto a las normas, a las Leyes y a los derechos de todos los españoles, porque a todos los espaloles nos concierne Cataluña. 

Y apelan a la mentira (a la posverdad, se dice ahora), a la emotividad de los catalanes..., pero no les informan. No les dicen, por ejemplo, que una Cataluña independiente sin el consentimiento de España no podría ser miembro de la Unión Europea, porque para serlo tendría que recibir el voto unánime -unánime- de los Estados que la integran cuando pidiera la adhesión. No les dicen que la independencia conllevaría automáticamente la suspensión, el corte del grifo de todas las políticas y ayudas comunitarias, del uso del euro, de los  intercambios comerciales. No les dicen que su república sólo sería tal si la reconocen los demás Estados, y eso no se produciría, al menos, durante decenios. No les dicen que su PIB caería de manera importante, que pasarían un tiempo acaso sin dinero suficiente para pagar la educación, la sanidad, las pensiones (salvo que el 'honorable' Pujol y su familia, más el resto de corruptos de sus governs les devolvieran todo lo que han robado durante décadas); que volverían las fronteras...

¿Que España roba a Cataluña? Qué cara más dura... Un ejemplo cercano: Cataluña ha recibido la tercera parte de las ayudas financieras que el gobierno central ha dado a las comunidades autónomas, es decir, el doble que Andalucía: 67.000 millones de euros en el último quinquenio, para que pudiera atender el pago de sus servicios públicos (educación, sanidad, funcionarios, etc.). Pero con esa mentira, repetida como un mantra continuo, han ido asentando entre la población un sentimiento victimista y de  agravio que muchos catalanes se han creído y que ha ido generando desafección a raudales hacia España. Cataluña fue la comunidad autónoma que más inversiones estatales recibió en los últimos veinticinco años, habiendo otros territorios más necesitados que aquel. Si quieren un ejemplo de cómo se administran, ahí va este: el rebelde Puigdemont tiene un sueldo de 145.000 euros anuales, casi el doble que el presidente del gobierno. ¿Quién roba a quién?

¿Tanto nos concierne  al resto de los españoles una hipotética secesión de Cataluña? Claro que sí. De entrada, económicamente perderíamos cerca de 20 por ciento de nuestro PIB, que se genera allí. Cataluña vende a España 46.000 millones de euros cada año. Pero ellos perderían parte del mercado interior que suponen las comunidades autónomas españolas. España tendría que pagar la parte de deuda que correspondería pagar a Cataluña, muy probablemente;  se perdería dinamismo empresarial, se perdería empleo, capital humano cualificado, porque a los catalanes se les han dado recursos sin cuento para preparar a investigadores, técnicos,  empresarios, profesionales... durante el último siglo para tenerlos callados, dicho a la manera llana... Se deslocalizarían muchas empresas por la inestabilidad que produciría la situación política; tendrían que afrontar el aislamiento económico, la salida del euro , la desvinculación del BCE, sin fondos estructurales de la UE, el lógico impacto en la prima de riesgo en una comunidad cuya deuda sigue calificada como bono basura por las agencias de rating... En definitiva, un pésimo negocio para ambas partes.

La Cataluña de la CUP es una bomba, pero ahí está, dominando  al govern, encabezando la rebeldía, despreciando a la mitad del  parlament... y con el silencio (¿cómplice?) de la burguesía catalana.

El desafío al Estado con un referéndum ilegal es la pantalla, porque el meollo de la cuestión está en las leyes de desconexión aprobadas por medio parlament y el objetivo de declarar la república sí o sí, salga lo que salga, se celebre o no se celebre el simulacro del día 1 de octubre.

Pero todavía hay catalanes que parecen no querer entender la situación a la que aboca este órdago secesionista, una situación que se puede llevar por delante no sólo su aventurerismo, sino la fortaleza misma de todo el Estado, incluída la propia Cataluña.

Puigdemont y su pandilla deberían haber seguido más el ejemplo de Tarradellas, pero parecen seducidos por la épica de Companys, que acabó, como todos sabemos, entre rejas y con una república que duró menos de  mediodía. 




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