Revisión y marcha atrás

Hubo un tiempo en el que cuando la derecha llegó al poder mantuvo las leyes de contenido social y de desarrollo de las libertades que había puesto en marcha la izquierda, por más que desde la oposición las hubiera criticado en las calles del brazo de la Conferencia Episcopal. Hoy las cosas han cambiado. La mayoría absoluta alcanzada por el Partido Popular le da fuerza para revisar lo que quiera y se ha puesto a la tarea con la contundencia de quien no quiere perder un minuto. Entre que la gente está amedrentada por las turbulencias de la crisis y que se está asentando en el ambiente una conciencia de revisionismo general, el movimiento conservador prepara una contrarreforma de calado. La ideología marca territorios. Hay abundantes señales. Esta semana, el ministro Gallardón le ha dado la vuelta con descarada habilidad a la reforma de la ley que regula el aborto. Decía el titular de Justicia que “hay una violencia de género estructural que obliga a las mujeres a abortar”. Es decir, que los abortos se producirían porque el entorno violenta el derecho de la mujer a ser madre. Relaciona el aborto con la violencia de género estructural, fíjense cómo hila. Protejamos a la mujer –dice- para que críe niños porque ese es su principal derecho. El argumento es retorcido, porque lo que defiende en realidad –aunque lo cubra con otro ropaje, halagador incluso para la mujer- son las posiciones conservadoras de los grupos pro-vida y del fundamentalismo las que volverán a introducir en la legislación una moral religiosa muy contestada por las mujeres. Presupone que la mujer siempre quiere ser madre, cuando esto no real. El aborto se despenaliza en las sociedades modernas como un reconocimiento legal a la libertad de la mujer, y también como un acto de generosidad ante un hecho siempre desgraciado. La propuesta de Gallardón es un pendulazo: frente al exceso de la ley socialista, que borró la penalización convirtiendo al aborto exclusivamente en un derecho femenino, parece que la reforma amparará a la mujer hasta parir, para que no aborte. En esta regresión de derechos individuales que se prepara, no tardará en aparecer el argumentario conservador que trata a la homosexualidad como una enfermedad curable. La ley de matrimonios homosexuales es otro caballo de batalla que tiene el foco encima. Ningún mal hace a nadie reconocer por ley a una persona el derecho a decidir sobre su propia sexualidad. ¿A quién agrede que formen parejas y se amen y se casen? El matrimonio homosexual no va contra nadie y a nadie obliga. En el horizonte de revisionismo que va asomando, vuelve el concepto de la mano dura. Mano dura con las autonomías que, so pretexto de controlar el déficit y por la crisis, inician ya un peregrinaje hacia el adelgazamiento de competencias a recuperar por el Estado. Y mano dura con los vagos y maleantes. El ayuntamiento de Valladolid ha aprobado una ordenanza de convivencia ciudadana que prevé multas de 750 euros a los mendigos por pedir en la calle y de hasta 1.500 euros si acosan o coaccionan. Un mal chiste municipal, porque es inviable que un mendigo pague una multa de esa cuantía. Es una ley que no se cumplirá. ¿Le embargarán los cartones donde duermen o el fin último será internarlos en la cárcel? Se empieza por estas pamplinas y se acaba rehabilitando la ley de peligrosidad social. En fin, el discreto encanto de los conservadores está en la capacidad que siempre han tenido para vivir de un modo y aparentar otro, en mantener la fachada, la doble moral, los vicios privados y las públicas virtudes. Tiempos de revisión y marcha atrás.